Como una “Crónica de una muerte anunciada” (de Gabriel García Márquez) una vez más la narco criminalidad uruguaya puso bajo la mira de la Fiscalía Penal al sistema político; esto ocurrió recientemente luego de concretarse el operativo policial denominado “Trazador” que concluyó no solo con la incautación de cocaína, otras sustancias, dinero, armas, automóviles de alta gama, y munición de diferente calibre , sino además con el inicio de una serie de investigaciones en torno a personas que hacen parte del sistema político. Varias personas fueron detenidas en el procedimiento y algunas de ellas condenadas -en el marco de un acuerdo abreviado- por lavado de activos, con dineros procedentes del narcotráfico organizado, y tráfico de municiones. Uno de los condenados, Pablo Leiva, era asesor de un edil del Partido Nacional; pero además, y fruto de las investigaciones, que todavía están en curso, se habría establecido que Leiva- realizaba las operaciones de lavado con el concurso de un local de red de cobranzas perteneciente -desde hace unos 13 meses- a la esposa de un ex senador del Partido Nacional (Jorge Gandini) que hoy es director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dió explicaciones al periodismo, se puso a disposición de la Fiscallía, y además, negó rotundamente tener vínculo con las actividades del condenado Leiva y los restantes integrantes de la organización narco mafiosa. Cabe señalar, que habiendo salido a la luz pública este operativo, las repercusiones -además de mediáticas- se tornaron más que impactantes a nivel político, donde el cruce de acusaciones y calificativos fue mayúsculo, causando conmoción y asombro en la opinión pública. Se estima, que con el correr de las horas, se registrarían más novedades y que quizás este hecho podría tener otras derivaciones, no solo en el ámbito de la Fiscalía, sino también en el ámbito político, según sean los resultados de las investigaciones. Pero en concreto, lo ocurrido, hasta el momento, no hizo más que ratificar, y con creces que una vez más vemos todos, cómo la institucionalidad uruguaya estaría vulnerable frente a la ya inconfundible ingerencia criminal operante en el territorio nacional. Desde Antimafia Dos Mil, este nada saludable panorama para la democracia uruguaya, lo habíamos anunciado en más de una oportunidad evaluando el contexto de los últimos diez años y toda un seguidilla de situaciones que paulatinamente se fueron dando dentro del territorio nacional.
Todo comenzó cuando recientemente las autoridades trabajaron sobre datos confidenciales que derivaron en la investigación del asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, identificado como Pablo Leiva. En la previa, los investigadores establecieron que un hombre se dedicaría al almacenamiento de estupefacientes en un inmueble del barrio Brazo Oriental. La Fiscalía a cargo de la doctora Angelita Romano tomó a su cargo el caso, y en ese contexto se fueron cumpliendo una serie de instancias.
Pese al hermetismo oficial reinante, desde el diario El Observador se supo que las sustancias estupefacientes procedían desde el Paraguay -ingresaban por vía terrestre al territorio uruguayo- y eran distribuídas en barrios, tales como Marconi, Villa Española y Pérez Castellanos.
Siguiéndose instructivos de la superioridad policial y con la luz verde de la Fiscalía y Justicia actuantes, fue posible establecer que Leiva, quien en ese momento se desempeñaba como asesor rentado del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, estaría seriamente involucrado en actividades del narcotráfico.
Las autoridades montaron un operativo de vigilancia y seguimiento y de esa forma se pudo apreciar que un día del mes en curso, un hombre llegó en su automóvil a la vivienda de Leiva, entregándole un paquete con dinero, y que luego se repitió la maniobra entregándole una bolsa de polietileno (se estima repleta de dinero) la que ingresó al interior del inmueble. En ese marco se realizó un allanamiento en esa vivienda y en otras, con resultados positivos.
Pericias posteriores de los celulares incauitados, en el operativo denominado “Trazador”, en los permitieron definir que Latorre tenía agendado a Leiva como “Casa esquina” y que en las comunicaciones se acordaban las entregas.
Según da cuenta el diario El Observador, desde la Fiscalía actuante se habría afirmado que “Leiva adquiría el dinero con conocimiento de la procedencia ilícita con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal. Se dió a conocer igualmente que en los inmuebles allanados (uno de ellos ubicado en el barrio Brazo Oriental) se incautaron unos 140 kilos de estupefacientes (base de cocaína) , unos 124 kilos de cocaína, unos 132 gramos de chasquis de base de cocaína y más de 500 gramos de una sustancia amarillenta en piedra; también se incautaron dos pístolas marca Glock, 236 municiones para fusil AK 47, una balanza de precisión y un inhibidor de señal, como así también 283.000 pesos y 42 mil 564 dólares americanos; se estableció que las personas detenidas guardaban vehículos de alta gama -obviamente incautados también- en una parking de la zona.
La nota destacada, en lo que atañe a Leiva -dado que fue la piedra del escándalo dentro del ámbito político- lo constituyó el allanamiento de su vivienda, donde incautaron fajos de dinero y monedas agrupadas sobre el mueble de una habitación, tres cuadernolas con diversas anotaciones, municiones calibre 22 y 9 mm. El dinero en su totalidad sumarían más de 2 millones de pesos.
Las actuaciones de la Fiscalía y de la Justicia derivaron en tres condenas dentro del contexto de acuerdos abreviados. La abogada defensora de Leiva, de su hijo (quien recuperó su libertad) y de dos personas más, fue la doctora Fabiana González Raggio (profesional que en el ambiente jurídico se ha destacado como defensora habitual de importantes elementos del universo narco en el Uruguay) fue comunicada de las respectivas condenas, las que sorprendentemente fueron dictadas en forma expres, razón por la cual no pudieron seguirse cumpliendo más instancias indagatorias, siendo que -según trascendió- las autoridades policiales actuantes tendrían muchas más interrogantes por hacer a los tres detenidos. Päblp Leiva fue condenado por “un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría”
En tal sentido no se descsrta que en los próximos días puedan surgir otras actuaciones de la Fiscalia, en este caso de la Fiscalía que entiende en causas de Lavado de Activos, lo que ssignificaria una nueva etapa en ese sentido, que podría traer más detenciones y sorprendentes derivaciones.
Esposa de ex senador del Partido Nacional Jorge Gandini bajo sospecha
La faceta más impactante de este caso de narcotráfico es que uno de sus involucrados directos era asesor , por la lista 250, de un edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, quien además integra el honorable directorio del Partido Nacional; al momento del procedimiento policial y de salir a la luz pública este escandaloso caso de narcotráfico con implicancias de tenor político, el edil en actividad Gómez se encontraba en China y seguramente a su regreso deberá afrontar en la interna y en el plano familiar y de su ámbito laboral un aluvión de repercusiones; repercusiones que ya se hicieron sentir en tono mayúsculo cuando en el curso de la investigación policial y Fiscal se estableció que Leiva hacía depósitos y pagos: “blanqueaba” dinero (diríase en la jerga de los narcos) en un local de cobranzas perteneciente a la esposa del actual presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y ex senador del Partido Nacional Jorge Gandini, lo que desató una verdadera tormenta en el sistema político, una vez más.
Gandini, obviamente, hizo inmediatamente declaraciones al periodismo en tono de repudio a lo acontecido, proclamándose ajeno absolutamente (junto a su esposa, ya que el local de cobranzas sería un bien ganancial) a las actividades de lavado de dinero de los narcos; por otra parte desde algunos medios de prensa -particularmente por periodistas de programas por streaming- se informó que lo que llamaba la atención era que la compra de ese local , por parte de la esposa de Gandini, habría sido por un monto muy superior en dólares a lo que generalmente se estila en esos casos; pero además, lo que también llamó mucho la atención es que el hijo de Leiva no fue condenado y que todo el acuerdo abreviado habría sido logrado en tiempo récord, precisamente en un caso en el que las investigaciones por lavado de activos recién estaban en sus inicios.
Por estos y por otros motivos, a nivel político los efectos fueron devastadores, especialmente para las tiendas del Partido Nacional, registrándose cruces con legisladores oficialistas y dentro de la vida nacional, obviamente poniendo en duda la inocencia de Gandini, tanto así , por ejemplo, que desde el sector sindical de la Administración de Puertos se pidió que Gandini se apartara de su conducción, mientras durasen las investigaciones; por su parte, para el edil Gómez la situación no le sería nada fácil a su retorno al Uruguay .
Definitivamente, todo este caso, en su contexto visibiliza una vez -con crudeza- el nivel de infiltración que tiene el narco en la institucionalidad y en el sistema político uruguaya. La ola de repercusiones y de interrogantes, lo deja en evidencia.
Sobran las preguntas; y las sospechas se incrementan
¿Sabía el edil Gonzalo Gómez las andanzas del asesor Paiva? ¿Fue Gómez abusado en su buena fe o fue complice? ¿Por qué -”casualmente”- Paiva realizaba depósitos y pagos en el local de cobranzas de los Gandini? ¿A qué se debe que la Fiscal que trabajó en un primer momento logró -acuerdos mediante- rápidas condenas de los detenidos, liberándose al hijo de Paiva? ¿Se investigaron policialmente y a nivel de la Fiscalía, debidamente y como corresponde, los contenidos de las tres cuadernolas incautadas en la casa de Leiva y los contenidos de las grabaciones que obtuvo la policía al momento de los allanamientos, oportunidad en que los funcionarios formulaban preguntas a las personas detenidas en los procedimientos? ¿Es nornal la cifra en dólares que los Gandini pagaron por el local de cobranzas? ¿Sugiere algo ese alto valor de monto de dinero en la compra del local ¿Las investigaciones de la Fiscalía, en la primera etapa, fueron las correctas y las ajustadas a Derecho, o fueron incompletas? ¿Los policías actuantes trabajaron con todos los elementos -periciales, informes, etc- a su disposición o fueron carentes de todos los datos necesarios para cumplir con su trabajo? ¿Se ratificará a nivel de la Fiscalía la inocencia de la señora de Gandini y de él mismo, en torno al episodio narco criminal que involucró al asesor del edil blanco Gonzalo Gómez o en su defecto, su conducta se verá comprometida? ¿En ese marco, quizás también, el edil Gómez podrá ser declarado inocente y ajeno a las actividades de su asesor o será en contrario? ¿Esta vez se echarán aguas claras sobre este caso o nuevamente toda la sociedad uruguaya quedará con las dudas a cuestas, especialmente si los puntos suspensivos (sobre la actuación fiscal) llegaran a aparecer otra vez?¿Qué ocurrirá de aquí en más, en este nuevo caso de presunta ingerencia de elementos del sistema político uruguayo en la narcomafia campeante dentro del país? Las incertidumbres abundan; los temores van increscendo; y la verdad se reclama a gritos desde la opinión pública; pero la pura verdad, porque ya, a esta altura de los acontecimientos, el panorama es sobradamente aterrador y para nada saludable, pero absolutamente, a juzgar por todo lo que viene ocurriendo en el Uruguay en los últimos 25 años, en materia de narcotráfico organizado.
Lo cierto es que, dado este nuevo panorama, nuevamente estaría contra las cuerdas el sistema político: en términos de haber sido infiltrado por el narco; en términos de poner en duda la honestidad de un edil del Partido Nacional y de un ex senador; en términos de que todo este cúmulo de situaciones en un procedimiento policial relacionado con el narcotráfico se estaría visibilizando el grave nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra el sistema político nacional (no olvidemos, solo algunos hechos escandalosos del pasado: fuga de Rocco Morabito, en la administración del gobierno frenteamplista, con el Ministro del Interior Bonomi, hoy fallecido; entrega expres del pasaporte del narco Sebastián Marset, en la administración del presidente Luis Lacalle Pou); lo cierto es que la población en las calles montevideanas se viene preguntando si habrá verdadera justicia en torno a este hecho, o en contrario los puntos suspensivos se repetiran nuevamente, como ya hubo ocurrido, con el caso de la fuga de Morabito, con el caso del pasaporte de Marset, sin contar con una serie de hechos de corrupción en la función pública, registrados en los últimos diez años; hechos de corrupción que lamentablemente son la antesala de la infiltración narcomafiosa en un sistema político de cualquier país. Solo que ahora le toca el turno al nuestro.
Antimafia lo ha venido anunciando bastante tiempo atrás
Todo este tétrico panorama lo hemos venido anunciando desde Antimafia Dos Mil, hace ya años; desde antes de la fuga de Rocco Morabito (mafioso de la ‘Ndrangheta) y después, una y varias veces desde nuestras páginas; y personalmente en cada oportunidad que fui entrevistado en programas de radio y televisión y prensa; y en algunas oportunidades, hasta incluso fui denostado por algunos colegas, sindicándome como irresponsable de mi parte puntualizar que el sistema político estaba literalmente infiltrado por la narco mafia.
Lamentablemente no estábamos equivocados, especialmente porque ya en ese momento de nuestros anuncios y advertencias, el caso Morabito (la escandalosa corrupción dentro de la fuerza policial para concretarse la fuga del mafioso italiano) y el caso del pasaporte de Marset, ya eran hechos que estaban sobre el tapete público.
¿Acaso en ese momento no estábamos ya atravesados por la narco mafia en nuestras instituciones? Y todavía había quienes lo negaban descaradamente.
Años atrás una intervención de Gandini en el Parlamento
Ironía o no, hay un hecho que en el voluminoso lote de informes periodísticos sobre el caso del asesor del edil Gómez, y de la presunta participación en lavado de activos del local de cobranzas del ex senador blanco Jorge Gandini, no pasó inadvertido, porque fue divulgado recientemente en algunos medios de canales stremeaming -uno de ellos Undertake y Media; nos estamos refiriendo a una intervención de hace muy pocos años , precisamente de Gandini, en el Palacio Legislativo, refiriéndose a la infiltración narco mafiosa en el sistema político.
Oportunamente Gandini dijo: “Se introducen aquí elementos de rispideces absolutamente innecesarias para tratar de generar la idea de que hubo cosa podrida en el medio, dejando la peor idea de todas, y es que el sistema político es permeable a la corrupción que siempre el narcotráfico ha logrado en otros países, pero aquí me animo a decir que no, que a ningún partido político ha llegado, pero dejar esa sospecha, de que hay gente al servicio del crimen organizado, financiado por el narcotráfico, es muy grave, pero además es muy injusto. Es muy injusto que se tienda esa trampa al sistema para sacar un provecho menor de dejar la sospecha instalada. Vivimos en un país que para bien o para mal podemos ver el futuro. Todo lo que pasa en el mundo al final después pasa acá. Lo vemos antes, pero sabemos que va a pasar y va a llegar. No tenga duda que va a llegar. Por eso vale la pena utilizar estos momentos del debate para saber que nos tenemos que preparar porque hoy todavía estamos a salvo. No hay jueces ni fiscales muertos por el narcotráfico en este país. Ojalé no los haya, ni policías, ni políticos, ni ningunos de estos vinculados igual que militares, a la corrupción, porque el narcotráfico es capaz de comprar gente en todos lados y no tenemos ese drama. En una comisión cuando yo era diputado, por alguna razón vino el Inspector Guarteche y dijo ‘miren muchachos, los narcotraficantes de hoy ya no son aquellos tipos que usan una camisa por afuera del saco, una cadena gruesa de oro en el cuello y un reloj ostentoso. Hoy tienen estudios contables y jurídicos detrás, empresas de fachada”
Al día de hoy, la Fiscalía dispuso la condena por lavado de activos (del narcotráfico) del asesor de un edil de la Junta Departamental por el Partido Nacional, que ya echa por tierra ese discurso de Gandini; y al día de hoy, él personalmente y su esposa están bajo la lupa de la Fiscalía bajo la sospecha de que su empresa de cobranzas haya formado parte del narcotráfico en lo que concierne al lavado de activos, actividad medular y básica del universo narco, en cualquier parte del mundo.
Si no surgen de las investigaciones policiales y de la Fiscalía de Lavado de Activos, elementos que involucren a los Gandini en esas actividades narco criminales, se echarán aguas más que cristalinas sobre el sistema político, y sobre la pareja, y esa intervención suya en el Parlamento (de Gandini) no será más que una anécdota en su historial como legislador de la Cámara Baja; y la inocencia triunfará.
Pero si ocurre en contrario, habrá sido una intervención suya harto dolorosa, y de tenor premonitorio, si se quiere.
Lamentablemente, primero para él mismo; segundo, para el partido político del cual hace parte; tercero, para el sistema político en su conjunto; y cuarto para la sociedad uruguaya.
En más de una oportunidad, a propósito de mi profesión de cronista policial, en variadas entrevistas, muchos colegas me han preguntado si existe el crimen perfecto; mi respuesta fue siempre la misma: “Existe el crimen perfecto, siempre y cuando haya una investigación imperfecta”.
Una respuesta vigente en demasía; eterna y contundente. Aplicable sin duda, a este y a otros casos. Veremos, qué ocurrirá.
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*Fotos: Ministerio del Interior.